“a fala que nele fala
outras vozes
arrasta em alarido.
(estamos todos nós
cheios de vozes
que o mais das vezes
mal cabem em nossa voz)”
Ferreira Gullar
Avance preliminar: Situación territorial
Existen en Misiones más de de 150 mil has de superficie en conflicto tipificado como ocupación ilegal o “intrusión” de algún grado en tierras privadas, que involucran a 2500 familias. En este promedio se encuentran también incluidas las 40 mil has de la Ley de Expropiación[1].
En relación a la posesión estatal, quedan unas 200 mil has de tierras fiscales, la mayoría de las cuales se encuentran efectivamente ocupadas por familias de productores[2]. Muchos de esos casos se encuentran comprendidos en el régimen de las leyes 480 y 2935, pero muchos más constituyen casos de “ocupación espontánea”.
Con una superficie de 2.980.100 has y con el 90% de su territorio lindando con países extranjeros, la Provincia de Misiones en la actualidad posee un nueve por ciento (9%) de su territorio en manos extranjeras. La empresa celulósica Alto Paraná del Grupo Arauco, conformada por capitales chilenos, con 233.000 has.; la firma Bosques del Plata, perteneciente al Grupo Mate, de capitales también chilenos, con 20.000 has. y la empresa Danzer Forestaciones, del Grupo Danzer de capitales suizos, con 14.000 has son propietarias de un total 267.000 has ocupadas y explotadas en forestaciones[3] .
Como señala un informe de elevado a la Camara de diputados de la Nación “la situación de las tierras en jurisdicción nacional y provincial varió ostensiblemente, y hoy ya no se oculta la cruda realidad, la del aumento incesante de la desigualdad e injusticia en el acceso a la tenencia y uso de la tierra.”
En este contexto de irregularidad en lo referente a la legalidad de la tierra constituyen un hábito ampliamente desarrollado la venta de mejoras sin consentimiento de la Dirección General de Tierras y Colonización del Ministerio del área respectiva, la adquisición de tierras a bajo costo para toda clase de transacciones inmobiliarias ilícitas, la pérdida de bosques y recursos naturales por explotación indiscriminada de las mismas y además, la total ausencia de controles fehacientes y regulares de la administración provincial. .
“el estado provincial es dueño de miles de has sobre las que ejerce un poder netamente administrativo (dando, quitando, adjudicando e inspeccionando), pero que no se encuentran incorporadas al tráfico jurídico, económico ni comercial”[4]
Frente a esta situación el gobierno de la provincia refiere a través de la Subsecretaría de Tierras y Colonización haber entregado 200 títulos de propiedad, 217 contratos de adjudicación y 800 permisos de ocupación y prórrogas. Según Jaime Ledesma “a la fecha se concluyeron planos de mensuras por 9.220 hectáreas, trámite que permitirá avanzar en la adjudicación de tierras en el mediano plazo”[5].
En total existen 80 mil hectáreas de tierras ocupadas en la provincia que están en proceso de regularización en la Subsecretaría de Tierras y Colonización del Ministerio del Agro y la Producción. Estos núcleos están localizados en los municipios de Oberá, El Soberbio, 25 de Mayo, San Vicente, San Pedro, Bernardo de Irigoyen, San Antonio, Iguazú y Posadas. La Subsecretaria lleva adelante la ejecución de la expropiación de tierras que establece la Ley Prov. Nº 3141 del Plan de Arraigo y Colonización, que involucra una superficie 40.868 hectáreas en propiedades de Puente Alto SA (Bernardo de Irigoyen); Distribuidora Eldorado y Colonizadora Misionera (San Pedro); Ferbuel y Cato SA (San Vicente). Además, el organismo provincial interviene en otras 40 mil hectáreas en conflicto en tierras fiscales (Ley Prov. Nº 480) y propiedades privadas (Ley Prov. Nº 3141 de regularización de ocupación de tierras).
La actual gestión de gobierno refiere haber invertido más de dos millones de pesos en el proceso de regularización de tierras, así como en la actualidad se presume que dispone de los planos de mensuras de 9.220 hectáreas, para lo cual el Estado invirtió más de 300 mil pesos .Sin embargo, la política de Tierra del gobierno no parece disponer de un plan de acceso a la tierra regular y seguro para las familias que habitan y trabajan en este territorio
actualmente en disputa.
Datos generales de El Soberbio:
La superficie total del municipio de El Soberbio es de 155.000 has o 1555 km2
En el municipio existen aproximadamente 5600 lotes de diferentes tamaños
La mayoría de los lotes corresponden a extensiones de 1 a 200 has
Latifundios en el municipio:
Laharrague, Harriet, Mocona SA ___________ 62999 has
(Actualmente gran parte corresponde a la reserva
biosfera Yaboty)
Papel Misionero _________________________ 10000 has
UNAM ________________________________ 4800 has
IPS ______________________________ 5400 has
PREMIDIA _____________________________ 11497 has
Pirolo, Salvatori, Gimenez y Flia ____________ 3600 has
El Soberbio S.A _________________________ 16000 has
(Corresponde a lotes 18-19-21 los cuales ya están mensurados,
en las 4000 restantes se encuentra el parque Guaranboca y el
resto aún no esta mensurado)
Datos relevamiento situación de tenencia de tierras OPPES:
Zona sur Zona norte Zona ruta 13 Situación de propiedad TotalOPPES
44 8 31 Con titulo de propiedad 51 %
12 41 24 Poseedor con animo de dueño 48 %
Los datos en relación a posesión y titularidad de la tierra en la mayoría son escasos dispersos y no oficiales, así como los datos de catastro provincial virtualmente inaccesibles al momento de escritura de este documento.
Hasta el 2004 existían 1648 familias , caracterizadas como pequeños productores, asentadas en tierras privadas, las superficies que habitan son de una extensión de 1 a 10 ha como máximo, algunos poseen una pequeña extensión de monte de 0,1 a 5 ha como máximo[6].
En el territorio en el que esta comprendido el municipio de El Soberbio cuya población es de 31000 habitantes aproximadamente, en que el mayor porcentaje vive en zonas rurales (70 % estimativamente), existe un alto índice de familias asentadas en tierras privadas y fiscales que fundamentalmente viven de la explotación de los minifundios bajo la modalidad de unidad familiar de trabajo, ya sea en agricultura y cría de animales para autoconsumo o de la producción exclusiva de tabaco como monocultivo para la venta.
Según lo informado por la OPPES, casi la mitad de las familias que componen la organización carecen de titulo de propiedad sobre las tierras en que viven y trabajan, según relatan dirigentes de la organización se han establecido conflictos en el municipio en relación a la demanda de propiedad sobre “tierras ocupadas” según la visión de quienes esgrimían ser herederos de legítimos poseedores, llegando incluso a producirse algunos desalojos de familias asentadas en aquellas tierras.
En el caso de las tierras donde están asentadas la familias de Paraíso se trata de una ex reserva privada con una superficie de 12 mil hectáreas -que limitan con la Reserva de Biosfera Yabotí- y están ocupadas por 800 familias, en tierras que corresponden patrimonialmente a la empresa PRIMIDIA.
Según la información de la subsecretaria de Tierra Arraigo y Colonización “Están avanzadas las conversaciones con los ocupantes y propietarios para llegar a una solución. El Estado avanzó en una propuesta de compra de la propiedad y esperamos llegar a un acuerdo en el corto plazo. Son trámites lentos, en esto no hay plazos”[7].
En las entrevistas realizadas hasta el momento los “colonos” que se encuentran habitando en tierras sin titulo de propiedad, refieren no ser molestados en la actualidad por funcionarios públicos ni por particulares que se reclamen como poseedores legítimos de las tierras que habita la familia; del mismo modo no se ha producido un reclamo o protesta generalizado ni articulado en relación a que se titularice el estado de las familias que trabajan y viven en esas tierras (en muchos casos hace más de cincuenta años). Del mismo modo las “organizaciones campesinas” que trabajan en la zona tampoco han articulado una demanda ni acción política concreta en relación a esta temática, todas las acciones se han limitado a arrestos individuales en el plano judicial, donde la gran mayoría de las acciones han sido estériles e inconducentes. Las llamadas Organizaciones de “pequeños productores” según el modelo de caracterización estipulado por INTA y PSA, han sido creadas en su mayoría por estos mismos organismos estatales, de modo tal que la operatoria de los técnicos que trabajan en las Organizaciones empleados por la Subsecretaria de Agricultura Familiar, producen y orientan acciones difusas, en la mayoria de los casos contradictorias generando cierta confusión y disuasión en términos reales de acción colectiva
“de esa manera el regimen se asegura a los técnicos inconcientemente idóneos para detener, bajo pretexto de integración y control de tensiones todo proceso que tenga un fundamento auténticamente transformador”[8]
Las organizaciones en el departamento de Guaraní no han instalado de modo central esta temática en el escenario político, es decir el reclamo efectivo por la titularización de tierras. Si bien no se han producido situaciones de desalojo o intento de desalojos masivos, existe un alto grado de precariedad sobre la tenencia de las tierras, especialmente aquellas que son propiedades privadas donde si bien las empresas dueñas de las mismas hace mucho tiempo no ejercen control ni pago de impuesto alguno sobre las mismas, mantienen en la zona apoderados y ejercen influencia en la política local para obtener beneficios de una futura venta ya sea por compra estatal para transformarlas en tierras privadas o para la venta directa a los ocupantes (o más habitualmente) para la venta a un tercero que establezca una negociación con los ocupantes. Tal es el caso de La Iguana, una propiedad privada con 3000 hectáreas ocupadas. El proceso se inicio en 2004 y terminó en 2006 con un acuerdo entre ocupantes, propietarios y el Estado como facilitador. La persona que compro al propietario, estableció un régimen de pago en cuotas para los ocupantes y acordó con el Estado el acceso al titulo de propiedad para las familias que finalizaran el plan de pago, según datos oficiales ya se entregaron cuatro títulos de propiedad y hay otras 15 familias están avanzadas en obtenerlo.
Un convenio, aprobado por Decreto 2.672/07, propone regular todo el procedimiento de mensura de subdivisión, compraventa y escrituración de los inmuebles caracterizados como Lotes A, B, C y D, subdivididos del Lote 1 (propiedad Lisandro Giménez), de la colonia El Soberbio del municipio homónimo. Sin embargo, ninguno de estos procesos mencionados tiene una forma de resolución concreta bajo una forma colectiva de acuerdo entre todos los actores sociales.
La figura evanescente en que quedan enmarcadas las familias que no poseen titulo de propiedad es la de “poseedor con ánimo de dueño”, situación que prolonga su estado de indefinición y dificulta su futura titularización. En lo dialogado a través de las entrevistas, se pone de manifiesto que para las familias que están en esta situación, la no inminencia aparente de un posible desalojo no atenúa de modo alguno su preocupación y angustia en relación a la carencia de toda legitimación legal estable y sólida en relación a las tierras que representan su vivienda, espacio de trabajo y única fuente de sustento.
Teniendo en cuenta el estado legal en que se encuentran algunas tierras privadas en el municipio, la situación de las familias esta en gran parte subordinada a la decisión estatal; tal es el caso de el latifundio en posesión de la familia Ongay, una propiedad privada de 1.080 hectáreas con aproximadamente 80 familias donde “El Estado está negociando la compra de la propiedad. El propietario tiene gran interés en resolver el tema y esto facilita el proceso”[9] más allá de las gestiones entre el propietario y el gobierno de la provincia, ya pesa una sentencia de desalojo, sobre las familias que allí habitan.
La primera necesidad señalada en las entrevistas por la mayoría de las familias en relación a su situación conflictiva de posesión de la tierra, es sin duda la demanda de establecer un proceso claro y transparente de mensura de esas tierras, para lo cual parece no existir disposición administrativa ni voluntad política en ningún nivel estatal. La ausencia de implementación de una Ley de Catastro en la Pcia, que se ajuste a la norma a nivel nacional referida al tema, (aprobada por unanimidad en el Congreso de la Nación hace más de dos años), que según expresa los profesionales del área “permitiría una correcta georeferenciación, proporcionaría una adecuada y exacta ubicación de en coordenadas de las parcelas ya que los planos de agrimensura con los que cuenta la pcia datan del siglo pasado”[10], es una muestra más que contundente de la falta de disposición gubernamental en resolver esta cuestión.
Este nivel de irresolución perpetúa una sensación de amenaza latente sobre las familias que habitan estas tierras, que virtualmente podría ser ejecutada en cualquier momento, variable que opera de forma constante como elemento disuasivo o deslegitimador frente a cualquier reclamo esbozado. La perpetuación de esta situación es una forma de violación flagrante a lo expresado en la Carta de la Tierra “establecer el acceso justo y equitativo de la tierra, los recursos naturales, la capacitación, el conocimiento, el crédito, para que toda persona pueda obtener un medio de vida seguro y sostenible[11]”.
La dolorosa estigmatización de “intrusos” que pesa sobre las espaldas de los moradores de estas tierras es un símbolo claro de lo que subjetivamente conlleva esta situación,
“mi padre nació y trabajo en esta tierra, yo nací trabajo y crió a mis hijos en esta misma tierra y tengo que soportar que me llamen de intruso”
así refiere un habitante de Colonia Paraíso al tratamiento que reciben algunos campesinos en distintos foros cuando se habla en relación a su situación territorial “parecería que para cierta gente, ciertos propietarios de grandes extensiones de tierra, esta gente, los que llaman intrusos, es gente que molesta; que no debería existir. Que no existe.”[12]
Este conflicto en estado de latencia sin aparente pronta resolución, encuentra una fuerte base política interesada en sostener y prolongar esta situación patrimonial irresuelta. La alternancia constante entre la inacción y la promesa de efectuar un proceso de titularización (especialmente en vísperas de tiempos electorales) ha llegado incluso al paroxismo de la pantomima política de montar escenarios de ostensibles falsas mensuras en algunas colonias. Según lo expuesto en la campaña de estas últimas elecciones legislativas han desaparecido las promesas en relación a tierras, incluso de la nefanda agenda preelectoral , relegando a una zona de oscuridad más intensa la discusión pública acerca de la posesión legitima de las tierras.
Se debe tener en cuenta que la base de sustento fundamental de legitimidad política del actual gobierno municipal, se basa en el caudal de votantes de sectores rurales; este consenso, aunque precario en su contenido y alcance, permite disponer de un cierto rango de control personalista depositado en las figuras de los políticas de peso local que logran ser receptoras de diversas demandas, aún en relación a temáticas en que los partidos políticos que representan estos funcionarios hayan operado negativamente en relación a los intereses de las comunidades rurales en dichas problemáticas. “Canalizar las demandas de los grupos campesinos a través de los partidos, es una manera de defender la situación existente y articularla en un complejo que no ponga efectivamente en peligro la distribución del poder[13]”
Una de las dificultades adicionales relacionadas a la “ilegalidad” en lo referente a la propiedad de la tierra, se manifiesta en la imposibilidad de parte de las familias que habitan en estas tierras de conseguir créditos o formas de apoyo financiero alternativo, ya que se topan con el impedimento requisitorio de presentar un titulo de propiedad que no poseen, del mismo modo muchos emprendimientos autónomos o autogestivos quedan truncos al no poder superar ciertas barreras relacionadas a requisitorias legales en lo que respecta al espacio donde se desarrollarían las actividades. La imposibilidad de acceso a estos recursos es un escollo en términos prácticos casi imposible de sobrellevar, la inmensa mayoría de trabajadores rurales desarrolla sus actividades con medios productivos muy obsoletos y en condiciones de gran precariedad, apenas un tercio de los ocupantes posee equipamiento productivo mínimo para agricultura de subsistencia (yunta de bueyes, carro y motosierra), solo 5 % de los ocupantes posee equipamientos mecanizados (camión, trilladora, tractor, pick up, etc.) solo un7% posee algún tipo de moto o automóvil[14]. De tal modo que la falta de créditos para inversiones mínimas en materia productiva subsume a estos trabajadores en procesos de endeudamiento irreversibles o en procesos productivos cada vez más empobrecidos que apenas logran cubrir la básica economía de autosustento familiar “recibimos buenas capacitaciones del PSA y de otros lugares, pero si no tenemos ayuda y créditos no tenemos condición de mejorar la producción”[15].
Estos procesos de endeudamiento son parte central de los procesos de opresión y aprovechamiento de las grandes empresas tabacaleras, pero también de amplios sectores de la burguesia urbana comerciante “cuando compran artículos los explotan los comerciantes; cuando venden sus productos agrícolas, los estafan los comerciantes; cuando piden dinero, los explotan los usureros”[16]
Tal es el caso de las cooperativas que para lograr recibir créditos o subsidios, encuentran grandes inconvenientes a causa de la precariedad legal en relación a las tierras donde habitan y trabajan sus integrantes; quedando así subordinados a las maniobras espurias de las redes clientelares locales que a sabiendas de estos impedimentos legales operan con mayor fluidez exigiendo diversos tributos para “enmarcar institucionalmente” algunos de los proyectos que los trabajadores rurales intentan presentar.
La mayoría de las familias “ocupantes”, no sólo sufren las consecuencias de un proceso de falta de legalidad en relación a la tierra en que habitan, sino que su condición de habitantes en condiciones de ilegalidad no deseada, en cuanto a lo patrimonial, los somete a diversas formas de precariedad estructural, por ejemplo sólo el 8% de las familias dispone de electricidad , solo el 16% posee algún sistema de agua corriente en sus hogares y tan sólo el 3% dispone de baño instalado[17]. Su condición de “ocupantes ilegales” prolonga la irresolución de estas necesidades insatisfechas ya que las familias que se encuentran en esta situación no pueden convertirse en población beneficiaria de programas estatales que servirían de paliativo, como por ejemplo el PROSOFA ( programa de desarrollo social en áreas fronterizas del noroeste y noreste argentinos con NBI) IPRODHA ( Instituto provincial de desarrollo habitacional), Programa “Sistema de Abastecimiento de Agua”.
Otra de las características que rigen este esquema de precariedad legal, es la modalidad de venta de tierras sin titulo, en que los colonos venden las mejoras realizadas en esas tierras que ocuparon, dada la imposibilidad de venta real de la tierra por la ausencia de la posesión legal de las mismas. Es decir una torsión del lenguaje y del mercado inmobiliario que burdamente encubre un gran negocio donde quienes viven y trabajan en las tierras se ven obligados a vender, generalmente asediados por deudas (muchas de las cuales contraen en la misma lógica de la producción tabacalera) a valores muy inferiores de las valuaciones reales de esas tierras ya subvaluadas a causa de la no posesión de títulos que garanten su condición de dueño . Si estuviera enmarcado dentro de la ley, cuando el gobierno provincial negocia por la compra de una propiedad y después la transfiere a los ocupantes, cada cual pagaría por la tierra el valor de mercado que pagó la Provincia, según la negociación. Este valor que logra el Estado se establece por medio del Tribunal de Tasación ajustado a Ley, al no intervenir el estado para legalizar la situación de los ocupantes permite operatorias que benefician en la gran mayoría de los casos al comprador que fija un valor en relación a la necesidad económica de la familia ocupante; como manifiesta una habitante de Colonia Paraíso
“muchos vecinos mal vendieron la chacra por las deudas y aparte nosotros no tenemos papeles para vender”.
Esta modalidad “comercial” introduce lógicas de reproducción diferenciales vinculadas a la tierra. Como el caso muy extendido de una transacción entre un antiguo ocupante que vivía con su familia en una unidad de trabajo domestica ligada a la agricultura que cede sus “derechos” sobre una parcela de tierra a un comprador que pretende instalar un proyecto de explotación muy diferente al tipo de trabajo que efectuaban los antiguos moradores, especialmente los que se ligan a actividades turísticas.
Estas situaciones de compra-venta sin titularidad de la tierra, sobre tierras privadas sin posesión actual del antiguo propietario , si bien, no esta regido por marco legal alguno más que como un contrato privado entre partes, no contempla el espíritu de la legislación vigente en relación al concepto jurídico arraigo y colonización, para este tipo de adquisición de tierras debería de existir una legislación específica que beneficie a los agricultores y fijes tasas superiores a otros tipos de explotación de esas tierras en consonancia con ciertos artículos de legislaciones existentes.
“Constituirán condiciones especiales del régimen de adjudicación de tierras dentro del Plan de Arraigo y Colonización:
la subdivisión de las tierras en parcelas constitutivas de unidad económica de producción a fin de que las futuras explotaciones que en ellas se constituyan resulten capaces de producir en condiciones económicas y de asegurar la prosperidad de la región
la posibilidad del acceso a la propiedad de la tierra a hijos de productores agropecuarios
el mejoramiento del nivel sociocultural y capacitación técnica de la población”[18]
En el otro extremo de la transacción se encuentra un comprador con disposición de capital, que efectúa la compra de un solo pago, para disminuir aún más el magro precio de venta, y obtiene sin gran dificultad grandes lotes para diferentes emprendimientos comerciales (actualmente en la mayoría de los casos se destina a emprendimientos turísticos) o eventualmente para una reventa de mayor precio. Cabe decir que como ominoso corolario de esta operatoria previamente descrita, en muchos casos acontecidos en esta localidad, los nuevos ocupantes de las tierras o tan sólo los flamantes adjudicatarios de las mejoras realizadas en aquellas tierras (tal como la transacción lo señalara) , en breve lapso obtienen la legalización y su respectivo titulo de propiedad, condición que había resultado inaccesible a la familia que habitaba desde hacia años esas mismas tierras, cerrando una parábola donde funcionarios, autoridades judiciales , políticos locales y provinciales no ocupan tan solo el destacado rol de meros espectadores.
Estos fenómenos, descritos en los párrafos antecedentes, se manifiestan en las diferentes Colonias y parajes rurales de la localidad de El Soberbio. En este mismo sentido de los datos obtenidos a través de los diversos encuentros (entrevistas, reuniones, visitas a las chacras, charlas en diversos espacios) con los hombres y mujeres que habitan en la Colonia Paraíso se pueden comenzar a realizar algunos aportes preliminares a la lógica de conformación socio territorial de esta comunidad.
En Paraíso existe un alto porcentaje de habitantes de larga data en la colonia, con varias familias de más de tres generaciones nacidas y criadas en las chacras de la tierra que “ocupan”. Pese a ser compuesta por múltiples oleadas migratorias, existe un núcleo de familias que habitan en la Colonia desde largo tiempo, según datos aportados por el actual Director de la escuela N 460 de Paraíso km2 ,donde viven actualmente 70 familias un núcleo importante de vecinos que permanecen hasta la actualidad formo parte de la creación de la escuela, cuya fecha de inauguración fue el 25 de octubre de 1959. Es decir que en principio habría muchas familias que como mínimo tienen cincuenta años de habitar y trabajar estas tierras, como refiere el testimonio de una de las habitantes de Paraíso
“mis hermanos y yo fuimos a la escuela allá cerca del río cuando el camino era todo picada, antes de que la escuela se cambiara por la inundación” ,
según los datos que figuran en documentos de la memoria de la Escuela 460 este establecimiento fue reubicado en 1965 de las orillas del Río Uruguay a causa de la inundación del antiguo edificio.
Si bien la Colonia esta constituida por diversas corrientes migratorias de diferentes colectividades (polacos, alemanes, ucranianos, suecos, españoles) la gran mayoría proviene del Brasil, aunque no se trata de una corriente migratoria homogénea ni en lapso temporal, ni en condiciones en que sucedió el proceso migratorio. Aunque diversos estudios señalan que a partir de la década de los 60 ingresan a la zona del Alto Uruguay agricultores de los Estados vecinos de Brasil (Santa Catarina, Río Grande do Sul y Paraná) expulsados por la modernización agrícola y luego otra oleada a partir de los 80 que coincide con la expansión masiva de la “ocupación” de tierras privadas, dado el escaso número de parcelas fiscales sin ocupar . En cuanto a las diferentes oleadas migratorias brasileras es muy difícil estipular corrientes temporales en la población de la colonia, con los datos obtenidos, ya que se ha producido en muchos casos un constante fenómeno de migraciones y retornos o constantes idas y vueltas alternando actividades entre los dos países
“yo nací en Brasil y vine de criança para Argentina , después me fui a estudiar a Brasil y me case y volvi para acá”;
se trata de una situación que se repite en muchas circunstancias dependiendo en gran medida de las oportunidades que se presenten en cada país. Una de las explicaciones referidas a la ocupación de tierras por migrantes brasileros en la Colonia Paraíso se relaciona a la posibilidad en la década del 70 del pasado siglo, de una condición de ocupar tierras con más facilidad del lado argentino del Uruguay, en ese periodo se puede establecer un momento de migración más numeroso. Sin embargo, también a este período se hace referencia entre los colonos brasileros más antiguos como el peor momento en cuanto conflicto de permanencia en el territorio y de asedio por parte del ejercito y la policía argentina
“em tempos da ditadura sim você não tinha documento argentino eles prendiam e jogavam fora”
En Misiones por un decreto nacional de 1972 se establece como área de frontera una zona que comprende los departamentos provinciales de Gral Belgrano y San Pedro, en 1980 son incluidos los departamentos de Guaraní, 25 de Mayo y una parte de Iguazú, este territorio se caracteriza según este decreto como “con falta de integración física y espiritual con el resto de la Nación” y por la “irradiación e infiltración de los países limítrofes”, esta definición esclarece la preocupación estatal, la tipificación de zona de seguridad de frontera y el accionar represivo, por parte de policías y gendarmes a los campesinos brasileros que intentaban asentarse en territorio argentino durante la década del 70 y principios del 80, del pasado siglo.
Del mismo modo en esta etapa se hace referencia a la presencia de “cobradores de impuestos”, supuestos representantes de los poseedores legales de las tierras en que las familias vivían y trabajaban, situación que a posteriori no volvió a suscitarse. De todos modos en los casos que se negocia una transformación de tierras privadas en fiscales, quien negocia la venta es la figura del apoderado de la firma titular de las tierras, es decir la desaparición de la figura del “cobrador”, en ningún caso supone la desaparición absoluta de los intereses de estas firmas sobre los territorios ocupados.
En relación a la migración brasilera y la “toma de tierras”, según relatos de los habitantes de Paraíso km2, en la ocupación de tierras cercana a la Reserva Yaboty acontecieron episodios de conflicto más álgidos con los nuevos habitantes provenientes de Brasil, llegando incluso al desalojo de varios familias. En la actualidad muchos de los hijos de migrantes brasileros nacidos en la colonia están retornando a Brasil en busca de empleos en centros urbanos en general como operarios de empresas, ya que las condiciones actuales de vida y trabajo en la chacra resultan poco menos que de supervivencia
“todos nuestros hijos están fuera porque acá no tenían posibilidades , solo nos quedamos nosotros dos que estamos viejos y no podemos hacer mucho en la chacra”
Los jóvenes en la Colonia tienen un escaso acceso a posibilidades de trabajo, a la vez que las dificultosas condiciones de explotación de la Unidad Productiva Familiar no permiten que los hijos continúen desarrollando el trabajo de agricultores, “el ciclo de reproducción familiar pasa por una fase en la que la chacra, en tanto unidad económica,no puede albergar a los hijos de los colonos en condiciones normales de explotación produciéndose la salida de los mismos”;[19] por lo tanto se ven expulsados a núcleos urbanos donde acceden a mercado laboral muy hostil, donde les es dificultoso obtener un empleo o se deben exponer a realizar trabajos que suponen un alto nivel de explotación y a lidiar con la adaptación a condiciones de vida que culturalmente le son extrañas “Los trabajadores del monte, no pueden volver a sus lugares de origen y deambulan por la provincia en busca de trabajo. Los más audaces van hacia a las ciudades cercanas o al sur a engrosar la población de las villas miseria. Esta Población que ha dejado de ser rural, todavía no se ha incorporado a la actividad económica urbana, forma un semiproletariado flotante de carácter semirural y semiurbano a la vez[20]”
En este sentido, muchos colonos brasileros que regularizaron su situación en Argentina como residentes legales, en los últimos tiempos han tenido que realizar trámites en Brasil para lograr documentación brasilera para integrantes de su familia o conyugues, con el objetivo de lograr acceder y gozar por completo de la atención pública del vecino estado de Río Grande do Sul, que según lo manifestado por todos los colonos, posee una mejor y más completa atención, que a la que se puede acceder en la salud publica argentina en la provincia de Misiones.
En sentido es necesario aclarar que esta interacción de espacio de frontera internacional, que recorre topográfica y socialmente el territorio donde habitan las familias de la Colonia Paraíso, es un espacio de circulación material y simbólica polisemico con características regionales de una gran heterodoxia, ya que como se ha advertido en el transcurso de diversas entrevistas se trata de un intercambio de experiencias de vida y transcursos familiares en ambos países; lo cual no impide afirmar que la presencia más sólida, con mejores índices de desarrollo del país y la región vecina del Brasil (Río Grande do Sul), junto a la predominancia de sus medios masivos de comunicación, han acentuado aún más la penetración e influencia brasilera sobre la comunidad de la Colonia. Estas características han contribuido a la generación de un sentido común deslegitimante de la población de esta región, bajo acusaciones de falta de arraigo nacional o para construir una tipología de migrante brasileño sindicado como un ocupante que devasta recursos naturales y se apropia del territorio nacional; de esta clase de caracterizaciones subyacen operatorias instrumentales que imputan responsabilidad a los sectores que detentan menor capital simbólico, para introducir políticas sociales más duras a estos sectores y mantener fuera de cualquier interpelación la responsabilidad de los grandes capitales que actúan en la región.
En esta breve e inconclusa descripción de situación territorial, desde la perspectiva de una indagación en proceso focalizada en la Colonia Paraíso, ampliada en el aporte contextual necesario, permite promover un análisis de las relaciones entre las estructuras determinadas por el espacio físico y la lógica de formación y despliegue del espacio social. La caracterización de una topografía social precisa, se encuentra severamente amenazado ante un frondoso espacio de creación y recreación altamente polisémico. Se trata de abordar un fenómeno territorial que es al mismo tiempo “una convención y una confrontación”[21], los límites establecidos por una construcción geopolítica entre países, o las establecidas por una legalidad jurídica son colocados en instancias de interpelación por las dinámicas sociales que se desarrollan, transformando el territorio en un espacio de conflicto.
Partiendo del presupuesto de que el espacio es uno de los lugares donde se da de hecho el ejercicio y la reproducción del poder, en el caso de la Colonia Paraíso, tal como es el caso de todas las familias asentadas sobre tierras privadas y fiscales en la provincia de Misiones, se introduce la variable de diferenciación respecto de otros habitantes que están dentro del marco de la “legalidad”, lo cual representa una variable fundamental para ejercer diferentes tipos de violencia sobre esta población.
En esta porción territorial se construye una topografía social determinada diferenciada de otras, inmersa en una sociedad opresiva y por tanto inherentemente jerárquica en la cual “no hay espacio que no este jerarquizado y no exprese las jerarquías y las distancias sociales”[22] , la construcción histórica hegemónica excluye la dimensión de diferenciación estructurada según la posición de poder de los actores sociales, ejerce una ponderación de posiciones según un orden de meritos ahistóricos y establece una distribución de legitimidades en relación por ejemplo a la posesión de la tierra. Sólo de este modo puede comprenderse que familias que hace más de 50 años viven y trabajan su tierra, sean catalogados como “intrusos” y que las empresas que abandonaron sus actividades productivas (bajo diferentes formatos figuras legales) dejando abandonadas, sin las retribuciones exigidas por ley, a cientos de familias en un territorio en el que la patronal los había instalado, que luego de décadas sin ejercer actividad económica alguna ni pagar los impuestos y tasas correspondientes a tales extensiones, sean reconocidos como los legítimos propietarios y negocien como parte central con el estado la venta de sus tierras, excluyendo de toda la negociación a los “ocupantes”.
La capacidad de dominio del espacio, de este escenario de confrontación, se encuentra sostenida hegemónicamente en gran parte por la depreciación simbólica de la mayoría de los habitantes de Paraíso, la distancia, el cerco simbólico tejido por la exuberante desigualdad de recursos económicos, culturales, sociales, que posee la alianza dominante, en su forma de: red clientelar local, empresarios, policía, fuerzas armadas, jueces, funcionarios estatales, grupos religiosos, etc.
La distancia que opera en este espacio de confrontación social, genera que para el campesino, se trate de un universo ininteligible, es decir en una carencia de capital (simbólico, cultural, social, económico) que le permita construir un posicionamiento reflexivo y praxis consecuente, el vaciamiento de su capacidad para afrontar una disputa de este calibre, no se debe a su ausencia de capacidad ontológica (como la operatoria del sentido común pregona en relación a los colonos) sino al proceso de expropiación al que han sido sometidos. Esta ausencia de capital los mantiene “a distancia”, los condena a ser “intrusos” en su propia tierra, los obliga a mantener relaciones de sumisión frente a los recién llegados, quienes adquieren las tierras de sus vecinos en costos irrisorios, con las mismas condiciones de ilegalidad que el resto de los habitantes las han poseído, claro esta que con otras “legitimidades”.
Para exponer sólo un ejemplo puntual de una situación estructural, en Paraíso y dentro de las 11000 has estipuladas bajo la propiedad de Primidia un “inversionista” privado que compró un lote de varias has para realizar un emprendimiento turístico, cerró el camino comunal y colocó allí una tranquera impidiendo el acceso y libre circulación por el mismo; con el ominoso agravante de encontrarse allí en ese mismo trayecto del camino el viejo cementerio de la Colonia, donde descansan los antepasados de muchas familias vecinas; así como también el paso a otras chacras y la bajada al viejo puerto de la Colonia donde desemboca el arroyo Paraíso en el Río Uruguay.
Esta situación pone de manifiesto la existencia de una topografía social altamente jerárquica, donde los actores que allí conviven por más que estén en una misma situación patrimonial en relación a la tenencia de la tierra, poseen una diferenciada posición en cuanto a su legitimidad en relación a la acumulación de diversos tipos de capital que detentan. Aquí se produce un choque simbólico de legitimidades y las acciones concretas en el espacio social de estos actores ostensiblemente diferenciados, ponen en relieve la matriz de ordenamiento y subordinación que rige el acceso y la distribución de la tierra en esta zona geográfica. Aquello que subyace bajo la displicente acción gubernamental y la precariedad jurídica, que caracteriza las transacciones sin títulos patrimoniales, es la posibilidad de fácil acceso a la compra de tierras de actores con disponibilidad de capital económico, que si bien no obtienen la tenencia legal de la tierra cimientan una legitimidad en el espacio social sustentado en la capacidad de despliegue de capital social, en relación con funcionarios locales y provinciales; así como en la supuesta capacidad transformadora de ese territorio en relación a la inversión y a la promesa de crear un nuevo foco de empleo para los habitantes de la zona. La combinación de ambas variables, genera una distancia simbólica entre este nuevo actor altamente capitalizado (en las diferentes formas de capital) y los antiguos ocupantes cercanos territorialmente a la nueva propiedad, el nuevo ocupante se transforma en un actor diferenciado que se rige, y a la vez es regido, por otras reglas sociales en el mismo espacio social. Su diferenciación se vuelve en la operatoria territorial, en una prevalencia dominante de la topografía frente a una comunidad ,en muchas casos desarticulada en sus lazos de resistencia e incapaz de limitar, las acciones de este nuevo actor que ejerce un uso abusivo del territorio en relación a la comunidad.
El supuesto beneficio económico que plantea la llegada de estos nuevos actores, que por lo general desarrollan inversiones en materia turística, oculta la inaccesibilidad para los habitantes de la Colonia, a las fuentes de empleo que el nuevo emprendimiento plantea; ya que los empleos que se requieren precisan de una calificación en tareas para las que un habitante del medio rural por lo general no es apto, en este sentido todas las tareas de atención al público receptor de esta oferta turística precisan de la disposición de un uso del cuerpo y del lenguaje muy distante del exis corporal que circula en un espacio regido por el trabajo rural. También debe de señalarse que en el caso de las tareas a las que eventualmente podrían acceder los y las habitantes de la Colonia, desde la óptica de este tipo de empleador, tales como servicio de limpieza, mantenimiento, peones, etc., será también materia de obtención de escasos beneficios para los trabajadores y trabajadoras que allí desempeñen funciones; pues ante una visible falta de capacidad de obtención de empleos de los que se obtenga alguna forma de salario y la gran dificultad de ingreso para los jóvenes al mercado laboral, tiene como resultante (tal como lo señalan las entrevistas) una enorme disposición de mano de obra a bajísimo costo para el empleador y su consecuente utilización como trabajadores en condiciones laborales de precarización e indefensión legal y gremial.
El caso concreto que se produce en Paraíso es una muestra flagrante de la constitución efectiva de un accionar que desmantela las reglas básicas de la convivencia comunitaria; el cierre de un camino comunal, el impedimento a la libre circulación y el acceso a el antiguo cementerio, no es más que la puesta en escena topográfica de la apropiación simbólica que debe de existir para que familias que habitan hace más de 50 años en la Colonia soporten el cercenamiento de derechos básicos en el área pública del territorio que habitan, dispensada por un nuevo actor que a priori posee los mismos derechos que el resto de los vecinos de la Colonia. Sólo el temor infundido por la jerarquía social y las aún débiles capacidades de acción colectiva, producen la avanzada de estos nuevos actores y su permanencia en espacios sociales en los cuales su presencia lejos de estimular factores de crecimiento, reproducen una lógica extractiva de utilidad y ganancia que no aporta de ninguna manera al desarrollo de las comunidades que allí habitan.
La distribución inequitativa de la tierra y la tenencia precaria es sólo una arista (es cierto que la más punzante) de una problemática en relación a la condición de opresión que viven los hombres y mujeres de Paraíso. Por todo lo expuesto anteriormente es ineluctable que la condición de ilegalidad en relación a la tierra es un problema nodal de la población en que se realiza la investigación, sin embargo coexisten en estado de superposición una serie de problemáticas igualmente insoslayables en relación a la tierra; “que obtiene un campesino pobre ocupando una tierra inculta o mal cultivada?`, sin máquinas, sin una casa, sin trabajos para esperar la cosecha, sin instituciones cooperativas que compren esa cosecha”[23], aquí se plantea entonces la adición de nuevas variables de complejidad, planteando un estado de situación en la cual si bien la titularización de las tierras que poseen los actuales ocupantes representaría un gran paso adelante y la atención efectiva a un reclamo histórico no saciaría las necesidades más acuciantes de la comunidad campesina.
Se podría decir, a riesgo de avanzar en un terreno de variables hipotéticas, que la resolución patrimonial de las tierras a favor de los ocupantes constituiría un fenómeno de afirmación simbólica para estas familias, así como una vía de solución en relación a algunos problemas concretos que obturaba la situación de ilegalidad. Se puede aventurar, que la mera tenencia legal de la tierra sin la implementación de otras líneas de acción, no logrará modificar las condiciones de falta de desarrollo de este espacio territorial. Los alarmantes índices de precariedad que caracterizan a las zonas en que habitan las familias ocupantes, no parecerían encontrar su vía de resolución en la tenencia legal sin la aplicación planificada y efectiva de medidas pertinentes en los diferentes niveles gubernamentales.
La situación de tendencia a la baja de los productos agrícolas, sumado a la falta de acceso a la innovación tecnológica que sufren los agricultores, constituyen una situación de alta vulnerabilidad para las comunidades que viven del trabajo rural en estas tierras. Como se ha señalado en algunas entrevistas con habitantes de la Colonia Paraíso, la ausencia de subsidios o líneas de crédito accesible son un limitante fundamental para mejorar la calidad y cantidad de producción de las unidades de trabajo doméstico rural; la imposibilidad de mejorar sus medios de producción condena a los campesinos de esta zona a procesos de producción manuales con los mismas herramientas de labranza que hace 50 años “las herramientas de trabajo son las mismas que usaba mi padre hace 50 años, la mayoría de gente de la Colonia todavía pasa el arado a mano”[24] que son llevados adelante mediante un gran esfuerzo físico, para lo cual se precisa en las labores de la chacra de la presencia de los miembros más jóvenes de la familia, quienes a su vez se constituyen en la actualidad como un fuerte grupo migratorio hacia zonas urbanas por falta de trabajo rural y escasa rentabilidad en la chacra, circunstancias que condicionan aún más la estructura productiva de la unidad de trabajo doméstica, “mis dos hijos mayores se quieren ir el año que viene al ejercito, pero yo no estoy muy convencido y si se van me rompen las piernas[25]”.
La antigua combinación de trabajo en la chacra sumada a empleos estacionales como trabajador de alguna empresa en zonas agrarias, tiende a ser cada vez más infrecuente “antes había empresas que venían a buscar gente, ahora hay una de yerba que vino a buscar gente, pero se volvieron antes porque no les pagaban[26]”, si bien aún existen algunos casos aislados como el que se refiere en la entrevista la mayoría de los habitantes de la Colonia Paraíso se dedican exclusivamente al trabajo en sus chacras, de modo tal que la ausencia de una fracción de clase campesinos de semiproletarizados[27], y la virtualmente inaccesible tecnificación productiva , instala como central la dificultad de sostener un modelo de trabajo rural sustentable para los campesinos minifundistas en las condiciones actuales.
Como se puede apreciar a través de lo expuesto en los párrafos antecedentes y lo manifestado en las entrevistas por los y las habitantes de la Colonia Paraíso, gran parte de las dificultades y necesidades estructurales con que deben lidiar en su trabajo y vida cotidiana, encarnan visibles áreas de inacción o desprotección estatal. La confluencia de actores en un espacio territorial en disputa, en algunos casos expuesto explícitamente y en otros casos de modo subyacente, coloca en el centro de la escena un conflicto en el que el Estado a través de sus funcionarios no duda en posicionarse ofensivamente, “hay que separar claramente la situación de ocupación en tierras privadas, donde la pcia tiene intervención y esta avanzando en la regularización de tierras, con aquella problemática de intrusión repentina. Esto último hay que frenar y el estado esta trabajando en ello[28]”. Las políticas que podrían catalogarse como ofensivas en combinación con otras de carácter de inacción u omisión, como podría ser la falta de políticas públicas en relación al acceso a derechos básicos de salud y educación, sólo por nombrar dos áreas críticas, instalan el clásico conflicto de un criterio de ciudadanía que en el plano real se encuentra ostensiblemente restringida.
La ausencia de presencia estatal en la efectivización de derechos básicos, se combina con la operatoria de violencia institucional en la ejecución de las escasas áreas de trabajo estatal . Repasando la órbita de acción estatal operante en este espacio social, se puede comprender rápidamente, a través del trabajo en el territorio, que si bien es notable la ausencia de presencia estatal en problemáticas especificas, existe a la vez un fuerte mecanismo coercitivo dispuesto sobre este mismo espacio territorial.
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[1] Informe del subsecretario de tierras a la Comisión de Asuntos Constitucionales
[2] Idem
[3] Cámara de Diputados de la Nación ,Proyecto de resolución .Pedido de informes al poder ejecutivo nacional sobre las tierras sujetas a las restricciones de zona de seguridad existentes en la Pcia de Misiones, y otras cuestiones conexas, Nº de Expediente 5584-D-2006, Trámite Parlamentario 139 (25/09/2006)
[4] fundamento proyecto de ley de Rovira Carlos elevado a la Comisión de Desarrollo Forestal
[5] Jaime Ledesma subsecretario de tierras y colonización de la prov de Misiones fuente Misiones on line 19/2/07
[6] 2003-2004 Censo de ocupantes de tierras privadas (COT)
[7] Jaime Ledesma subsecretario de tierras y colonización de la prov de Misiones en “Misiones on line” 19/2/07
[8] Roberto Carri, Isidro Velázquez Formas Prerevolucionarias de la Violencia , 2001
[9] Jaime Ledesma en Primera Edición
[10] Encuentro del colegio de agrimensores en Territorio Digital 2009
[11] Carta de la Tierra punto 10
[12] Obispo Piña, Plenario de la Tierra, San Pedro 2001
[13] Solari Aldo, Sociologia Rural Latinoamericana, 1968
[14] 2003-2004 Censo de ocupantes de tierras privadas (COT)
[15] Palabras de un trabajador integrante de la OPPES del Paraje Naranjales (El Soberbio), en el marco de una reunión sobre el proyecto de comercialización de la organización.
[16] Mao Tse-tung, Informe sobre una investigación del movimiento campesino en Junan, 1973
[17] 2003-2004 Censo de ocupantes de tierras privadas (COT)
[18] Ley Nº 4093 de Expropiación Arraigo y Colonización, artículo 3, inciso B, H y J
[19] INTA, sistematización “PUSaLi”
[20] Roberto Carri, Isidro Velázquez Formas Prerevolucionarias de la Violencia , 2001
[21] Bernardes
[22] Bourdie Pierre, La miseria del mundo, 1999
[23] Gramsci Antonio Del Ordine Nuovo
[24] Entrevista habitante de la Colonia Paraíso 2009
[25] Entrevista habitante de la Colonia Paraíso 2009
[26] Entrevista habitante de la Colonia Paraíso 2009
[27] Categoría utilizada por Lenin “
[28] Fuente Subsecretario de Tierras y Colonización, Jaime Ledesma en “Misiones on line” 6/4/2009
LUCAS SERRA
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